Informe del MSC
El VIH – SIDA como cuestión de derechos humanos
Discriminación por VIH como cuestión de
derechos humanos
La sociedad ha creado estigmas (“marcas”), es decir representaciones o características negativas que son atribuidas a la enfermedad y a las personas con VIH/SIDA, generando, reforzando y legitimando la discriminación por este motivo lo cual repercute en las distintas áreas de la vida social como puede ser el empleo, las relaciones contractuales, los servicios de salud, las relaciones familiares, etc, y afectando en general los derechos humanos y la dignidad de las personas con VIH/SIDA. Pero además debe señalarse que en general, las violaciones a los derechos humanos y los otros factores de discriminación (como la condición socio-económica o el género), aumentan el riesgo de las transmisiones y restringe las políticas de prevención y/o atención médica.
Las representaciones negativas o estigmas sociales relacionadas al virus y sus portadore/as, le han dado contenidos o significados tales como sinónimo de muerte, como castigo derivado por comportamientos inmorales, como sinónimo de guerra (en tanto virus y personas contra las que hay que combatir, frecuente en el lenguaje médico), considerándose a las personas con VIH como temibles e indeseables pero además, percibiéndose al VIH/SIDA como un mal ajeno, que sólo afecta a “los otros”, es decir a las personas marginadas: a los pobres, a los homosexuales y a las prostitutas1. De esta forma, el estigma creado alrededor de la enfermedad y sus portadore/as genera discriminación y violencia contra las personas que lo viven y por ende se constituye en un problema de derechos humanos. Por estas razones, el fortalecimiento de los derechos humanos es una de las formas de enfrentar la epidemia y sus efectos.
1 Derechos Humanos de las personas que viven con VIH o SIDA. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Programa de VIH/SIDA y Derechos Humanos. En: www.intermedik.com/ipps/VIH_SIDA/DERECHOS_HUMANOS_VIH.pps (Consulta: 27 de junio de 2010).
Respuestas
Discriminación: personas VIH+ excluídas de las residencias de mayores
Una ley canaria veta a los afectados por VIH en las residencias de mayores
Fuente: http://www.eldia.es/2012-06-10/canarias/canarias15.htm
La normativa vigente no permite a las personas con VIH-sida obtener una plaza en los recursos residenciales públicos, por lo que, en el caso de Tenerife, se les deriva a hospitales como el Febles Campos. Unapro prepara ya una denuncia ante el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común por discriminación.
10/jun/12 24:51
G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Las personas con VIH-sida que se encuentran en situación de dependencia y no tienen ni recursos económicos ni apoyos familiares suficientes no pueden contar con la posibilidad de entrar en un centro residencial público, puesto que una ley del Gobierno de Canarias -que es el encargado de regular el acceso a los centros residenciales sociosanitarios de mayores- excluye a los solicitantes con enfermedades infectocontagiosas. En concreto, el decreto 236-1998 excluye a los solicitantes de plazas en centros sociosanitarios que presenten una enfermedad infectocontagiosa" e integra al VIH-sida dentro de este grupo.
"No se puede utilizar el concepto de enfermedad infecto-contagiosa para denegar una plaza, sobre todo porque el VIH es una enfermedad crónica transmisible, es decir, se transmite a través del contacto directo de una herida abierta con determinados fluidos como son la sangre, el semen y las mucosas vaginales y anales. No se puede confundir con una enfermedad infectocontagiosa en el sentido de que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana no se contagia a través del aire, no siendo, por tanto, una causa de alteración de la normalidad de la convivencia en un centro", aclara el presidente de Unapro, la asociación especializada en la ayuda y protección de los afectados por VIH-sida de Canarias, Nicolás García, que confirma la presentación "inminente" de una queja ante el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común por discriminación hacia este colectivo.
"El VIH-sida no puede ser excluyente, sobre todo cuando hablamos de personas que cumplen todos los requisitos para entrar en un centro de mayores porque se encuentran en situación de dependencia y necesitan un recurso público residencial", insiste García, que lamenta que "siga el mismo desconocimiento de la enfermedad que hace 30 años y se trate de apartar del resto a los que tienen VIH-sida".
"Hablamos de personas que no tienen ninguna necesidad diferente al resto de los usuarios. No requieren mayores cuidados ni tratamiento diferenciado. ¿Cuántos mayores tienen dos, tres o cuatro enfermedades complicadas y se les acepta? No necesitan ni más espacio, ni más personal, ni una alimentación diferente, se les excluye porque sí, porque ni siquiera se les da la opción de conocerlos y se les echa a un lado exactamente igual si tuvieran enfermedades como la tuberculosis", abunda el responsable de esta organización especializada en sida.
No obstante, Nicolás García informa de que ya se ha reunido con los responsables de los centros sociosanitarios del Cabildo de Tenerife y de que éstos "se han comprometido a trabajar para que se cambie esta norma "cuanto antes". "Estaremos pendientes de que así sea", avisa.
Derivados a hospitales
Este punto es confirmado tanto por la presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, Margarita Pena, como por la directora de la Unidad Sociosanitaria, Ángeles Arbona.
"La ley es absolutamente clara y excluye de los recursos existenciales a las personas con VIH-sida, sin embargo no cierra la puerta a otro tipo de recursos, por lo que a las personas que nos llegan con esta particularidad y tienen problemas de dependencia las derivamos a hospitales de larga estancia como pueden ser el Febles Campo, el de Los Dolores y el de La Orotava", explica Arbona.
"Estamos tan interesados como Unapro en promover el cambio de la normativa para que los pacientes con VIH tengan el mismo acceso que cualquier otra persona a los centros sanitarios y, de hecho, estamos presionando tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Política Social para que la modificación se haga cuanto antes", anunciaba este viernes Pena, para quien "estas personas no solo tienen el mismo derecho a recibir la asistencia que precisan, sino incluso lo ideal sería que fuera lo más especializada posible para sus circunstancias", sentencia Margarita Pena.