Sanidad (4)

Los doctores Juan Gervás y Mercedes Pérez-Fernández aseguran que se diagnostica en exceso y se convierte a "ciudadanos sanos en enfermos".

"La privatización exacerba que quien más cuidados necesita, menos reciba", cuentan al analizar un sistema sanitario que "los políticos están hundiendo".

"En la privada se manda un 225% más de resonancias magnéticas nucleares. Donde el sistema público funciona bien, como el País Vasco, hay la tercera parte de resonancias que en Madrid".

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Cuando el sistema sanitario deriva hacia un mercado sanitario, la población se convierte cada vez más en el "combustible del sistema" que necesita ser alimentado. La medicina mercantilizada multiplica pruebas, tratamientos y medicación para mantener el negocio en marcha. Los doctores Juan Gervás y Mercedes Pérez-Fernández defienden que esto es lo que está ocurriendo en España y que se hace a costa de (o precisamente por) "expropiar la salud" de las personas a las que se observa como un puro organismo. Pagando un precio: "Causar mucho daño", sostienen.

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Fuente:http://www.eldiario.es/sociedad/politicos-electoralmente-sistema-sanitario-hundiendo_0_385662209.html

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http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/04/los-riesgos-de-negar-la-sanidad-al-inmigrante-irregular.html

 

Las consecuencias de negar la sanidad al inmigrante irregular

Por: Gonzalo Fanjul | 21 de abril de 2012

 

En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud

El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de sus posibilidades. En tercer lugar, la 'desaparición' sanitaria de una población de esta envergadura puede generar problemas de salud pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos grupos de población inmigrantes.

 

El recurso al argumento del 'turismo sanitario' es una infamia. Como demuestran todos los trabajos serios que se han asomado a este asunto, la mayor carga relativa de los extranjeros para nuestro sistema de salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses, no latinoamericanos o africanos. Es una consecuencia simple de la edad de los inmigrantes irregulares y de su temor a exponerse a cualquier tipo de autoridad. Y si no pagan más impuestos (porque contribuyen con los indirectos, señora Ministra) es porque nosotros se lo impedimos. Estudios sobre el coste de la rigidez del sistema migratorio en el Reino Unido demostraron que el Estado perdía más de 1.000 millones de libras anuales al mantener en la irregularidad a una población de trabajadores más pequeña que la nuestra.

 

Ningún ahorro económico compensará el modo en el que esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras instituciones públicas. Estamos convirtiendo en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país para trabajar y prosperar. Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en nuestras propias casas, padecen una ciudadanía de tercera clase. 

 

La medida es cobarde porque se dirige contra aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente esencial que quienes tenemos la capacidad de levantar la voz lo hagamos ahora. La oposición debe expresar con claridad lo que esto significa. La Conferencia Episcopal no puede mantener por más tiempo esta tibieza bochornosa (son sus propias organizaciones y fieles los que trabajan en las trincheras de la política migratoria, defendiendo la dignidad de nuestras comunidades). Los médicos, los enfermeros y enfermeras, el personal de administración de los centros de salud: rebélense contra esta medida. Niéguense a cumplir una ley que atenta contra la naturaleza de su profesión.

 

No permitamos que esto ocurra. No admitamos la derrota del sentido común y de la compasión en nuestras conversaciones en el trabajo, en los colegios de nuestros hijos, en las reuniones con amigos. No aceptemos que, tratando de no ser una sociedad pobre, nos estamos transformando en una sociedad estúpida y cruel.

 

 

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Ojalá hablar sobre la gran mentira del vih=sida encuentre cabida también fuera del ámbito del misterio/OVNI/conspiraciones en la Luna y contactos extraterrestres...

Pero bueno, por lo menos en algún medio atienden el tema.

Se puede escuchar AQUÍ

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Este jueves la ministra de sanidad española, Leire Patín, tendrá que defender en Santiago de Compostela el anteproyecto de Ley General de Salud pública que pretende aprobar, incluyendo sus puntos más polémicos: la ministra podrá censurar noticias sanitarias si lo considera adecuado.

LIBERTAD DIGITAL

http://www.libertaddigital.com/salud/pajin-quiere-censurar-las-noticias-sanitarias-que-considere-inadecuadas-1276409044/

El anteproyecto de Ley General de Salud pública que será presentado este jueves por Leire Pajín viene salpicado por la polémica incluso antes de su "bautismo oficial", según desvela La Razón. Y es que, en multitud de sectores está provocando recelos que trata de devolver protagonismo en salud pública a manos de Leire Pajín, materia transferida a las comunidades autónomas.

Uno de los puntos más polémicos que le tocará defender a la ministra en Santiago de Compostela es "el papel de los medios de comunicación en la promoción de la salud". En su artículo 59.5 establece que "la autoridad sanitaria podrá prohibir informaciones y anuncios sobre salud emitidos en cualquier medio de comunicación que no se ajusten a criterios de veracidad o que puedan suponer un prejuicio para la salud". Es decir, que Sanidad podrá vetar o censurar las informaciones que no considere adecuadas.

Y esta labor recaerá en un futuro Centro de Evaluación de Políticas e Intervenciones en Salud Pública, creado al efecto. El organismo que será quien de aviso a las publicaciones de aquellas informaciones que no se ajusten a sus criterios.

Ello supone una gran variación respecto a la normativa anterior. Hasta ahora, el ministerio de Leire Pajín, que antes se otorgaba la facultad de "acreditar la calidad de los sitios web que muestren información relacionada con la salud" sino que ha pasado de "acreditar" al veto directo.

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