enfermos (4)

Fuente: http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2016-03-13/hemeroteca_articles/por-la-aplicacion-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-privadas-de-libertad-gravemente-enfermas

 

Los alcaldes de las principales ciudades vascas (Donostia, Iruñea, Gasteiz y Errenteria), Eneko Goia, Joseba Asiron, Gorka Urtaran, Julen Mendoza, han suscrito la siguiente petición:

 

Creemos que una sociedad que vulnera el principio máximo de la dignidad humana es una sociedad quebrada en lo humano y con enormes carencias democráticas. El mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma e incurable sin las debidas condiciones para el tratamiento de su enfermedad atenta contra su dignidad.

Los que suscribimos el presente escrito lo hacemos desde una firme convicción que compartimos: la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas. Derechos de los que todas las personas somos titulares, también aquellas privadas de libertad.

Además, nos une a los cuatro alcaldes de diferente ideología el hecho circunstancial de contar en nuestros municipios con personas presas que se encuentran gravemente enfermas, o aquellas otras que ya han superado los 70 años de edad. Son estas circunstancias, y el hecho de que sus derechos no están siendo respetados, las que nos llevan, en ejercicio de nuestra responsabilidad y desde una óptica estrictamente humanitaria, a trasladar nuestra posición y a solicitar la excarcelación de estas personas, así como de cuantas otras se pudieran encontrar en la misma situación.

Cuatro son las razones que nos llevan a sostener esta posición: la primera, el respeto a la dignidad de las personas, incluida la de aquellas que se encuentran en una situación de privación de libertad. Creemos en una sociedad donde los poderes públicos sean los veladores del respeto a la dignidad humana de todas las personas, porque creemos que una sociedad que vulnera el principio máximo de la dignidad humana es una sociedad quebrada en lo humano y con enormes carencias democráticas. El mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma e incurable sin las debidas condiciones para el tratamiento de su enfermedad atenta contra la dignidad de esa persona.

La segunda de las razones reside en nuestra posición firmemente contraria a la aplicación de penas inhumanas, no solamente en su establecimiento o fijación, sino también en el devenir de su ejecución. La permanencia de una persona gravemente enferma e incurable en una situación de privación de libertad no solo supone romper el principio del respeto a la dignidad humana, sino también supone en muchos casos una doble pena sobre la persona, porque el sufrimiento, y por ende el castigo sobre esta persona privada de libertad, crece exponencialmente en comparación con cualquier otra persona recluida.

La tercera, el estricto cumplimiento de la legalidad aplicable a estas situaciones, y que en estos casos no se está produciendo por consideraciones que exceden el ámbito de lo estrictamente jurídico.

Y por último, creemos que la denegación de la excarcelación de una persona presa gravemente enferma e incurable rompe el principio de la resocialización de la pena privativa de libertad. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 1991 señalaba que en los supuestos de enfermedad grave e incurable «las penas privativas de libertad ya no pueden cumplir su fin primordial de procurar la reinserción social del penado». Solo la función punitiva y de castigo de la pena puede explicar la presencia en prisión en situación de preagonía, carece de sentido orientar a la reinserción a quien solo hubiera de salir de prisión para agonizar y morir.

Dicho esto, este principio de resocialización adquiere todavía una mayor dimensión en una situación de construcción de la paz y de la convivencia en la sociedad vasca. Sin duda alguna, y desde una perspectiva política, porque ayuda a la consolidación de la paz y elimina sufrimiento innecesario que solo hace dificultar la construcción de una nueva sociedad.

Pero también, y desde una perspectiva jurídica, porque han desaparecido las razones que la Administración del Estado pudiera entender de riesgo para la seguridad ciudadana, y porque el derecho no puede abstraerse de esa nueva realidad social, y se ha de interpretar de acuerdo a ella. Por tanto, no debiera existir impedimento político ni legal alguno para la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves e incurables y aquellas que han cumplido los 70 años de edad.

Finalizamos manifestando nuestro firme compromiso por seguir trabajando no solamente por la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas, sino también por responder a ese anhelo de la sociedad de construir un nuevo escenario democrático, de paz y convivencia.

9288848880?profile=original

 

Leer más…

Una juez investiga desatenciones y trato de favor a presos VIP en Lugo (diario EL PAÍS)

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433867123_390409.html

Un exrecluso se querella contra el director por pasar entre rejas cuatro años de más. La magistrada acumula ya 12 denuncias por desatención médica o tratos de favor a presos

9288840677?profile=originalSilvia R. Pontevedra Santiago 10 JUN 2015 - 13:18 CEST

El exrecluso Santos Lage acaba de querellarse contra los responsables de la prisión de Lugo. / ÓSCAR CORRAL

La juez Pilar de Lara, azote anticorrupción de políticos, empresarios, proxenetas y agentes del orden de todos los cuerpos, ha puesto el foco en quienes custodian a sus presos. En su juzgado, el número 1 de instrucción de Lugo, se acumulan ya más de una docena de casos que salpican a funcionarios, médicos e incluso al director de la cárcel lucense de Bonxe. Algunos, referidos a presuntas desatenciones sanitarias que derivaron en la muerte de varios reclusos; otros, a supuestos favores ilícitos y beneficios para presos VIP; alguno más, a posibles malos tratos entre rejas.

El enésimo caso abierto investiga la desgarradora historia de Santos Lage, un enfermo que agoniza después de consumir 22 de los 53 años de su vida en celdas, y que asegura que la cárcel de Bonxe le ha “robado cuatro años” de libertad. El exrecluso, nacido en Ortigueira (A Coruña), enfermo de VIH, hepatitis crónica, atrofia muscular, desnutrición extrema y varias dolencias más, declaró este martes ante De Lara y en la misma mañana fue examinado por un forense para determinar qué parte del deterioro físico de este extoxicómano se pudo deber a la mala atención de unos servicios médicos carcelarios que la juez vigila con lupa desde hace unos años.

"Este es un sistema deshumanizado", lamenta el abogado, "¿no lo veían consumiéndose y muriendo cada día?"

Fuentes de los juzgados aseguran que Pilar de Lara, instructora de macrocausas como la Carioca (sobre supuestas mafias de trata de mujeres y prostitución) y la Pokémon (sobre corrupción política), ha decidido llevar “personalmente” este asunto, que ha despertado gran “interés” en ella. Debido al estado del enfermo, ha hecho un hueco entre los interrogatorios a imputados de los casos Pokémon y Cóndor (una presunta trama de blanqueo que implica a la firma de autobuses Monbus e incluso a militares madrileños) para citar al expresidiario. En las últimas semanas de espera, Santos Lage ha estado hospitalizado varias veces, como él mismo dice, para “resistir”. Otras fuentes próximas al caso aseguran que la declaración de ayer fue "muy satisfactoria”, y que durante cuatro horas Lage describió “muchos detalles” a la magistrada sobre su “calvario” en prisión.

El director de la cárcel de Bonxe, Modesto Gutiérrez, principal funcionario contra el que el exrecluso dirige su querella por prevaricación, no ha querido dar a este diario su versión de los hechos porque se trata de un asunto “judicializado”. “Tenemos toda la documentación preparada y en regla esperando a que nos la pidan” en el juzgado, comentaba anteayer por teléfono. “Los informes y hechos son los que son” pero “no quiero entrar a criticar: cada cual tiene que hacer su trabajo como profesional”, zanjaba en alusión a De Lara. Respecto a la cantidad de casos que se acumulan en los juzgados de Lugo, Gutiérrez entiende que se trata de un “efecto llamada”; ven que ha ido uno y van otros detrás.

"Los internos no pueden recurrir a una segunda opinión médica", dice la juez. "Deben confiar a ciegas en los de prisión"

Santos Lage cuenta que jamás fue informado de que tenía derecho a pedir la acumulación de las condenas (por delitos semejantes, en este caso de robo con intimidación o con violencia para procurarse la dosis, pero ninguno de sangre), y que por lo tanto su pena debería haberse reducido sustancialmente. Según su abogado, el asilado de origen colombiano Waldir Sinisterra, es responsabilidad de los servicios jurídicos de la prisión reunirse cada seis meses con el interno para revisar su situación, algo que, con Lage, según él, no se hizo.

En enero, después de varios ingresos hospitalarios de su cliente y a la vista del profundo deterioro de su salud, Sinisterra pidió la libertad condicional “por razones humanitarias”. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria se la denegó, dice, “basándose en el informe del médico” de prisión, que fue “aprobado por unanimidad por el director y la junta de tratamiento del centro penitenciario”. Allí se decía que Santos Lage “podía seguir delinquiendo”, recuerda el letrado, “cuando camina valiéndose de un bastón, y necesita tres cuartos de hora para recorrer 60 metros”. "Este es un sistema deshumanizado", lamenta el representante legal, "¿no lo veían consumiéndose y muriendo cada día? Cuatro años, e incluso cuatro meses de más en la cárcel, para Santos, es toda una vida".

Tras este intento fallido, Sinisterra optó por pedir la acumulación de condenas. Y lo hizo “a ciegas”, porque “a día de hoy, los servicios jurídicos del centro penitenciario no han facilitado el historial” con todas las sentencias de Lage. La respuesta no se demoró apenas: el 30 de marzo, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo concedía la libertad al preso. Según él, después de haberlo “retenido” tanto tiempo, lo "echaron a la calle sin previo aviso", sin dejarle telefonear a su abogado para que lo fuese a recoger y sin la medicación que necesita. Santos Lage toma “22 pastillas al día”, y durante una semana, hasta que gestionó la tarjeta de la sanidad pública gallega, solo tuvo aquellos fármacos que logró facilitarle la ONG que lo apoya, Aliad Ultreia. En los años que pasó entre rejas, al enfermo se le murieron el padre, la esposa y el hermano. Dice que nadie le avisó y que no pudo ir a los entierros. Cuando al fin, recuperada la libertad y sin familia viva, localizó a su abogado, le pidió dos cosas: ir a cenar pulpo e ir a ver las tumbas de sus parientes en A Coruña.

En 2013, la juez llegó a imputar al jefe médico de Bonxe por la muerte de un preso

En la querella contra el director y los miembros de la junta de vigilancia penitenciaria de Bonxe, el exrecluso aporta documentación que supuestamente demuestra que en prisión no respetaron durante años la orden de un neumólogo del hospital público acerca de una medicina fundamental que debían suministrar al enfermo. El paciente relata, además, que su vida en la cárcel se tornó “invivible” cuando decidió recurrir al diario El Progreso de Lugo para denunciar sus problemas. Desde entonces, según recoge la querella, comenzaron las “represalias”. Recuerda que cuando tenía una crisis y buscaba ayuda en la enfermería de Bonxe el médico lo recibía diciéndole: “Vete con el periodista, a que te quite el dolor”, “te vas a comer toda la condena con patatas”.

En los juzgados de Lugo también hay diligencias sobre supuestos beneficios a presos privilegiados, como el empresario Jorge Dorribo, propietario de la empresa farmacéutica Nupel y principal imputado de la Operación Campeón, que durante un tiempo salpicó al exministro José Blanco. Según grabaciones telefónicas y varias declaraciones de imputados, incluido el propio Dorribo, el trato con él fue diferente, el director de Bonxe lo recibió en su despacho nada más llegar al centro y el preso jamás fue movido del módulo de ingresos para evitarle el trago de convivir con la población reclusa. Además, recibió regalos del exterior como una caja de puros Cohiba.

También salió a la luz que varios cabecillas de la trama de proxenetismo que desmanteló la Operación Carioca recibieron teléfonos móviles y pudieron llamar al exterior sin que quedase registro de ello. La juez ordenó el traslado a otra cárcel del jefe de la red, José Manuel García Adán, para evitar que pudiese encargar a colaboradores la destrucción de pruebas o amenazar al centenar largo de mujeres que se atrevieron a testificar contra él.

De Lara también quiere investigar los canales por los que supuestamente llega la droga a prisión. Según varios abogados consultados, a las familias y a los letrados se les revisa meticulosamente cuando van de visita y "parece imposible que entre nada por esta vía". Pero varias de las muertes acaecidas en extrañas circunstancias dentro de Bonxe en los últimos años fueron achacadas a sobredosis.

En 2013, la juez llegó a imputar al jefe médico de Bonxe por la muerte de un preso. Le atribuía los delitos de omisión del deber de prestar socorro, homicidio por imprudencia grave y falsedad en documento público. En un auto durísimo con la cárcel, De Lara defendía que la asistencia médica a Emilio Pena, padre de familia de 33 años que cumplía una condena de otros tres por un delito de lesiones, había sido "nula". Tenía "graves síntomas", pero recibió "una total y negativa falta de atención". El doctor Antonio Chorén le diagnosticó en el centro una enteritis, pero en realidad sufría pancreatitis aguda. El mismo día en que salió de permiso, sin poder apenas respirar ni caminar, su familia lo llevó a Urgencias y quedó ingresado. Ya no regresó a Bonxe porque murió a los tres días.

Según los testimonios que recogió la magistrada durante la investigación, el médico se negaba a explorar a Emilio Pena. "Ya estoy harto de verte aquí, no te quiero atender", le gritó al enfermo -según contó luego otro preso- cuando le fue a rogar que autorizase su ingreso en un hospital. La última vez que, tal y como recoge el auto de la juez, entró a implorarle asistencia, el facultativo se limitó a lanzarle desde el otro lado de la sala unos sobres de suero oral para aplacar esa falsa enteritis que no remitía. El mismo jefe médico estuvo imputado por la muerte de otro recluso por infarto en un corto plazo de tiempo. Durante la investigación, la juez descubrió que Chorén, el único autorizado para usar el desfibrilador en prisión, se ausentaba de su puesto en horario laboral, y que al enfermo solo se le pudo intentar reanimar manualmente. Sin embargo, los casos tuvieron que ser archivados el año pasado por la muerte del médico imputado.

"La situación de privación de libertad es sin duda de las más terribles que puede sufrir una persona", escribía Pilar de Lara en el auto con el que declaraba extinta la responsabilidad penal de Chorén. La atención sanitaria a los reclusos debe ser "no solo buena, sino extraordinaria" ya que "los internos están privados de la posibilidad de escoger uno u otro profesional, o de recurrir a una segunda opinión médica, debiendo confiar casi a ciegas en el criterio de los médicos que conforman el servicio de prisiones". "Para acudir a urgencias deben pasar el filtro del servicio de guardia" del centro penitenciario. Y "tan siquiera son libres de poder tomar la medicación dispensada por los especialistas del servicio general de salud".

 

Leer más…

Por Miguel Jara

29 de diciembre de 2014

Fuente: http://www.migueljara.com/2014/12/29/el-laboratorio-gilead-financia-asociaciones-de-enfermos-de-hepatitis-para-vender-caro-sovaldi/

9288840270?profile=original

Gilead financia asociaciones de pacientes, incluidas las de Hepatitis. Dicho laboratorio farmacéutico es el que fabrica Sovaldi, el remedio que piden muchos enfermos para la hepatitis C que padecen. Se aprovecha así del sufrimiento de personas que necesitadas de un tratamiento presionan, como no podía ser de otro modo, para que este llegue. Que esto no ocurra a cualquier precio y no me refiero sólo al económico.

Me llega un comentario de la asociación sanitaria CAS Madrid al respecto: “siempre hemos defendido la no dependencia de subvenciones, ya vengan de organizaciones privadas o de Administraciones Públicas. Consideramos que recibir subvenciones limita la libertad de actuación y la autonomía”. Estoy de acuerdo.

No lo entienden así determinadas asociaciones de pacientes, que se “dejan querer” por los laboratorios y en concreto por Gilead.

Reciben jugosas subvenciones de esta multinacional, que luego exige hasta 60.000 €, unos 1.000 dólares por pastilla, por un tratamiento para la hepatitis C, el citado medicamento Sovaldi.

Nombre de la Asociación de Pacientes; descripción de la Colaboración; cantidad aportada en euros:

Asociación de Personas que Convivimos con el VIH/SIDA (ADHARA)
Programa de detección precoz del VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis
8.000

Foro Español de Activistas en Tratamientos del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (FEAT)
Acto educativo sobre la hepatitis C
5.000

Asociación Itxarobide: Apoyo e Información a Portadores del VIH y Hepatitis
Programa de apoyo a pacientes con VIH y hepatitis virales
7.000

Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT)
Campaña de concienciación sobre la hepatitis C
4.000

Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (ASSCAT)
Campaña de concienciación sobre la hepatitis C
4.000.

La pregunta es: ¿ese dinero va en la cuenta de Sovaldi?

 

Leer más…

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/corrupta-destinado-enfermos-menores-violados_6_22807727.html

 9288827899?profile=original

Una trama corrupta robó dinero destinado a enfermos de sida y menores violados

Actualización (2/10/2012): el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha imputado a Rafael Blasco, portavoz del Partido Popular en las Cortes de la Comunidad Valenciana, por su relación con la trama.

Actualizacón (28/05/2014): El exconseller valenciano Rafael Blasco, condenado a 8 años por desviar fondos de cooperación.

Juan Luis Sánchez

05/07/2012 - 16:44h

La falta de escrúpulos llevada al extremo: robar el dinero destinado a personas vulnerables, excluidas, empobrecidas y que viven en la otra parte del mundo. La trama de corrupción por el saqueo de las ayudas de Cooperación de la Comunidad Valenciana, por la que está imputado el actual portavoz parlamentario del PP en Valencia, Rafael Blasco, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales en Guinea Ecuatorial o a organizaciones de asistencia a enfermos de sida en este mismo país, según la investigación judicial. También fondos destinados a la independencia de la mujer en República Dominicana. O a agricultores peruanos. O a la población de Haití tras el terremoto de 2010.

El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales y al cabo de unos días salía de esas cuentas transferido a algunas de las 'empresas pantalla' utilizadas por la trama y controladas supuestamente por Augusto César Tauroni. El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que hoy es portavoz parlamentario del PP en la comunidad, estaba al tanto de lo sucedido e incluso supuestamente "se benefició" de todo ello. Son datos y palabras del auto de la jueza titular de la instrucción del caso, Nieves Molina, que publicamos aquí (especial atención a partir de la página 15):

Auto judicial: desvío de fondos de Cooperación en Valencia

Leer más…